Julieta Aquino informó que la presentación judicial fue realizada en abril y alcanza al gerente, miembros del Consejo de Administración y otras personas. La investigación apunta a esclarecer presuntas irregularidades en la administración de la entidad.
La intendenta de Inriville, Julieta Aquino, comunicó este miércoles que presentó una denuncia penal ante la Justicia contra el gerente de la Cooperativa de Electricidad de Inriville, Horacio Giacone, integrantes del Consejo de Administración y otras personas, para que se investiguen presuntas irregularidades en la administración de la institución.
Según explicó mediante un comunicado oficial, la denuncia fue formulada en el mes de abril luego de recibir información sobre posibles irregularidades en la gestión de la cooperativa.
Una auditoría sobre los balances
Aquino señaló que, tras tomar conocimiento de la situación, impulsó una auditoría sobre los balances de la entidad. De ese análisis, aseguró, surgieron datos que despertaron preocupación, especialmente en relación con la remuneración del gerente.
De acuerdo con la información difundida por la mandataria, el salario estimado del gerente superaría los 30 millones de pesos mensuales, una cifra que, según expresó, sería considerablemente superior a la percibida por gerentes de cooperativas de características similares en la región.
Además, sostuvo que en los años analizados la remuneración estimada del gerente habría sido superior a las ganancias generadas por la propia cooperativa. Como ejemplo, indicó que durante 2025 la entidad registró una utilidad cercana a 296 millones de pesos, mientras que el salario anual estimado del gerente habría superado los 400 millones de pesos.
«Que sea la Justicia quien determine responsabilidades»
En el comunicado, la intendenta remarcó que la presentación judicial no responde a intereses políticos personales y afirmó que no tiene intención de integrar el Consejo de Administración de la cooperativa ni desempeñarse en la institución una vez finalizado su mandato. Asimismo, sostuvo que, como funcionaria pública, tiene la obligación legal y ética de poner en conocimiento de la Justicia cualquier hecho que pudiera configurar un delito contra el patrimonio de una institución relevante para la comunidad.
Finalmente, manifestó que será el Poder Judicial el encargado de investigar los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales.
