La legisladora reclamó el pago de más de $8.000 millones del Plan SUMAR y $400 millones de PAMI a municipios cordobeses.
La diputada nacional Carolina Basualdo reclamó en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación que el Gobierno Nacional regularice las deudas pendientes con la provincia de Córdoba y sus municipios en materia de atención primaria de la salud.
Durante su intervención, advirtió sobre el impacto de la falta de transferencias del Plan SUMAR y de los fondos correspondientes a PAMI, que afectan directamente el funcionamiento de los sistemas locales de salud.
Según detalló, la deuda del Plan SUMAR supera los $8.000 millones, mientras que PAMI adeuda más de $400 millones a 54 municipios de la provincia.
Reclamo por fondos clave para la atención primaria
Basualdo sostuvo que los municipios, junto al Gobierno provincial, sostienen actualmente gran parte de la atención sanitaria en sus comunidades.
“Necesitamos de los fondos adeudados para seguir garantizando el acceso a la atención primaria de la salud”, expresó durante la comisión.
En ese sentido, remarcó que la falta de financiamiento nacional pone en tensión los servicios básicos que brindan centros de salud y hospitales municipales.
Proyecto en Diputados
La legisladora informó que, junto a diputados cordobeses del espacio Provincias Unidas, presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo Nacional la regularización de los pagos.
La iniciativa solicita que se cancelen las deudas pendientes y se normalicen las transferencias tanto del Plan SUMAR como de PAMI hacia la provincia y los municipios.
El planteo fue realizado en el ámbito de la comisión de Salud, donde se abordan temas vinculados al financiamiento y funcionamiento del sistema sanitario en todo el país.
Impacto en los municipios
El reclamo incluye a más de 50 municipios cordobeses que prestan servicios de salud a afiliados de PAMI y a beneficiarios de programas nacionales.
Desde el sector, advierten que la demora en los pagos compromete la sostenibilidad de prestaciones esenciales, especialmente en contextos de alta demanda.
En este escenario, la diputada insistió en que el cumplimiento de las transferencias es una responsabilidad del Estado nacional para garantizar el acceso equitativo a la salud.
El pedido se suma a otros reclamos de provincias por financiamiento sanitario y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la distribución de recursos para la salud pública en Argentina.
