Una reciente resolución judicial consideró al Estado provincial de Córdoba responsable de la muerte de Joaquín Sperani Flores, de 14 años, ocurrida en la ciudad de Laboulaye el 23 de junio de 2023. El incidente tuvo lugar durante el horario escolar, cuando ambos jóvenes ingresaron al colegio y luego salieron durante las clases.
En su fallo del 6 de febrero de 2025, el juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata falló «parcialmente» a favor de la demanda presentada por la familia Sperani-Flores, reconociendo la responsabilidad del gobierno provincial. El Estado deberá abonar más del 50% del monto inicial solicitado, que incluye gastos funerarios y de sepultura, atención terapéutica psicológica, pérdida de oportunidades y daños morales para los padres y hermanos de la víctima, entre otros conceptos.
El juez fundamentó su decisión en que el Superior Gobierno de Córdoba es responsable al ser el propietario del establecimiento educativo Ipem N° 278 «Malvinas Argentinas», al que tanto el agresor como la víctima asistían. Según el fallo, el agresor ingresó al centro educativo, dejó sus pertenencias en el aula y luego salió para interceptar a Sperani-Flores en la puerta del colegio. Juntos caminaron hacia una casa abandonada, conocida como «la casa del horror», situada justo detrás de la escuela, donde ocurrió el crimen.
El juez argumentó que el Estado debe asumir responsabilidad por los daños causados por el homicidio de Joaquín, dado que la muerte fue perpetrada por otro alumno dentro de la institución educativa, durante el horario escolar, y en circunstancias en las que los estudiantes estaban bajo la custodia, control y vigilancia de la autoridad educativa. En este sentido, el juez señaló que la falta de supervisión no puede ser considerada un «caso fortuito», ni puede justificarse como un «homicidio mortis causa» del cual el Estado no deba responder. Asimismo, añadió que la parte demandada no ejerció el adecuado cuidado y control sobre los estudiantes.
